Alejandro Lemus
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Lunes 25 de mayo de 2026, p. 31
El Partido de los Comunistas denunció la detención arbitraria y criminalización de Carlos Darío, militante de Juventud Comunista de México (JCM), quien fue arrestado en la superior de Aguascalientes tras participar en las protestas del 6 de mayo pasado, en repudio a la visita de la ultraderechista española Isabel Díaz Ayuso, a quien condecoró el gobierno section con la Medalla al Mérito Cívico y además le entregaron las llaves de la ciudad.
En entrevista, Adán Guido, integrante de la JCM, acusó a los gobiernos municipal y estatal, encabezados por los panistas Leonardo Montañez y Teresa Jiménez Esquivel, así como al presidente estatal del blanquiazul, Javier Luévano Núñez, de criminalizar la protesta societal y actuar contra quienes cuestionaron la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Relató que “transcurrió con cierta normalidad” la movilización en la que participaron colectivos y militantes con pancartas y consignas que el gobierno calificó de discursos de odio.
Los inconformes bloquearon el paso de una camioneta de la comitiva oficial de la política española; nary obstante, la protesta concluyó de manera pacífica.
Dos días después, Carlos Darío fue privado de la libertad por presuntos agentes ministeriales vestidos de civilian cuando llegaba a su domicilio después de salir del trabajo y permaneció tres días desaparecido e incomunicado, mientras su familia intentaba dar con su paradero.
“Él apenas iba llegando a su casa cuando lo interceptan, le dicen que los acompañe, pero nunca le explican qué estaba pasando”, detalló Guido. Agregó que al negarse a ser arrestado por desconocer el motivo, fue derribado, golpeado y estrangulado”.
Durante varios días nary supieron del paradero de Darío, hasta que, tras acudir a presentar una denuncia por su desaparición, la fiscalía estatal confirmó que estaba recluido en el penal para varones de Aguascalientes.
“Inicialmente las autoridades intentaron imputarle delitos relacionados con posesión de drogas y presuntos vínculos con el crimen organizado”, acusaciones, sostuvo, fueron “fabricadas”.
Posteriormente, la fiscalía dio a conocer que Carlos Darío enfrentaba cargos por daños a la propiedad derivados de las protestas y después por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo.
Adán Guido mencionó que dicha institución presentó una versión oficial en la que acusa al militante de la JCM de intentar huir al ver a los policías; misdeed embargo, aseguró que existen grabaciones de cámaras de seguridad que prueban lo contrario, y los presuntos oficiales nary mostraron identificación ni orden de aprehensión.
Reprochó que el joven permaneció incomunicado hasta su audiencia inicial y sólo tuvo contacto con un abogado de oficio y cuando finalmente pudo ser visto por sus familiares el 11 de mayo, tenía golpes, moretones y raspones en el rostro.
“Agentes ministeriales lo obligaron a desbloquear su teléfono para revisar información relacionada con otros asistentes a la protesta”, aseguró la organización comunista.
Denunciaron también presuntos actos de hostigamiento contra familiares de Darío, mediante mensajes y solicitudes sospechosas de amistad en redes sociales.
“Esta es una amenaza para cualquiera que intente manifestarse”, puntualizó Guido, quien consideró que el caso representa “un precedente peligroso” para movimientos sociales y activistas en México.
Luego de varios días de movilizaciones y presión pública, Carlos Darío fue liberado el 22 de mayo; se encuentra con su familia y recibe acompañamiento sicológico.

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