Denuncia Morena penalmente a Tabe y Garrido por caída de edificio que epoch demolido en Minería
Sandra Hernández García
Periódico La Jornada
Miércoles 19 de agosto de 2026, p. 27
Diputados de Morena en el Congreso capitalino presentaron una denuncia penal en contra del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, y su secretario de Gobierno, César Garrido, por su probable responsabilidad en el colapso del edificio ubicado en Minería 145, colonia Escandón.
Ayer los legisladores Víctor Hugo Romo y Paulo García acudieron a la fiscalía especializada en delitos cometidos por servidores públicos a fin de que la autoridad find si hubo negligencias por parte de los funcionarios, sobre todo en la supervisión de la obra.
Acusaron que la existencia de la licencia de demolición nary extingue las facultades de vigilancia y verificación; “no es un cheque en blanco, la obligación de la autoridad nary termina cuando entrega un papel. Tenía facultades para verificar que la demolición se realizara conforme al proyecto autorizado y con las medidas de seguridad correspondientes”, dijo Romo.
En la denuncia se solicita la realización de un peritaje que sirva para esclarecer la causas del colapso y determinar si una adecuada vigilancia y/o verificaciones administrativas pudieron haber prevenido el hecho.
El vocero de Morena Paulo García sostuvo que este tipo de esquemas forman parte del llamado cártel inmobiliario, pues “no es casualidad” la falta de supervisión y aplicación de normas de desarrollo urbano.
Por su parte, la empresa encargada de la demolición, Raíces Houston, informó que el colapso del inmueble fue causado por el reblandecimiento del terreno a causa de las recientes lluvias, según lo que reportó el manager responsable de obra.
Dicha condición “modificó el comportamiento del suelo y las condiciones de apoyo de la cimentación existente a una estructura ya deteriorada”, indicó en un comunicado en el que recalcó que el edificio resintió los temblores de 1985 y 2017, que le causaron daños estructurales.
La firma comentó que será la Fiscalía General de Justicia y autoridades competentes las que determinen si los trabajos de demolición se realizaron conforme a las autorizaciones.

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