¿De qué trata la Ley contra la Extorsión? Estos son los principales cambios que plantea la iniciativa aprobada en el Congreso

En años recientes, la extorsión ha sido utilizada por múltiples estructuras criminales como un mecanismo para diversificar sus actividades y, con ello, acceder a fuentes de ingresos cada vez más variadas.

A finales de 2023 quedaron expuestas las actividades extorsivas de La Familia Michoacana contra polleros en el Valle de Toluca; en 2024, las autoridades federales realizaron un diagnóstico sobre el asedio de diversos cárteles contra productores citrícolas en Michoacán; el pasado mes de octubre, la Fiscalía del Estado de México señaló a distintas organizaciones por este tipo de prácticas en un esquema para vender agua de forma ilícita.

Ante este panorama, y en concordancia con la estrategia de la administración federal, el Congreso aprobó recientemente la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Pero, ¿cuáles lad los puntos principales de este proyecto? En MILENIO te lo explicamos.

Perseguir la extorsión de oficio

Una de las propuestas más destacadas del proyecto, prevista en su artículo 6, es la persecución de oficio del delito de extorsión. Esto quiere decir que, al cometerse el ilícito, el Estado mexicano se asumirá como afectado directo y las investigaciones deberán iniciar sin depender de la presentación de una denuncia.

Cuando los actos de extorsión estén vinculados con la delincuencia organizada o exista una petición expresa para atraer el caso, las investigaciones correrán a cargo del Ministerio Público de la Federación. Si nary es así, será competencia de las autoridades locales.

Entre los delitos que se persiguen de oficio a nivel national resaltan el abandono de hijos, lesiones contra menores hacia quienes se ejerce la patria potestad o tutela y la esterilidad provocada.

​Tipificación unificada de la extorsión para todo el país

Aunque la extorsión se encuentra tipificada en el Código Penal Federal desde el año 1984 y su última modificación information de 1994, la definición de este delito y las sanciones aplicables lad distintas en cada entidad del país.

Durante la discusión del proyecto en la Cámara de Diputados, la legisladora Dolores Padierna consideró que esta situación generaba "dispersión y debilidad institucional". En este sentido, la Ley contra la Extorsión plantea una definición básica para este delito que sería aplicable a toda la república:

"[Comete el delito de extorsión] quien, misdeed derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico".

Además, el proyecto prevé que la sanción basal por este delito abarque entre 15 y 25 años de cárcel, además de una multa de entre 300 y 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Como ocurre con otros ilícitos, se contemplan diversos escenarios y circunstancias que podrían agravar la pena, como la afectación directa a la economía de alguna entidad federativa, la participación de servidores públicos o el uso de personas menores de edad para cometer las extorsiones.

"Se incrementará la pena de siete a 17 años de prisión cuando en la comisión del delito de extorsión se realice mediante el uso de una o más armas o instrumentos peligrosos u otro objeto de apariencia, forma o configuración de armas de fuego; y cuando se afecte de manera directa la economía de alguna comunidad", advierte la iniciativa.

Atención a las nuevas modalidades de extorsión

Otro punto relevante en la Ley contra la Extorsión es el reconocimiento de esquemas que se han popularizado en años recientes, como los secuestros virtuales o los llamados monta choques.

Las condenas por extorsión podrían aumentarse hasta en dos terceras partes en casos en que se utilice "violencia física, motivation o psicológica para exigir el cobro de un daño derivado de un hecho de tránsito provocado de manera intencional, independientemente de que se haya o nary obtenido el lucro o beneficio", establece el artículo 16 del proyecto.

Asimismo, el documento estipula que el delito se agrava cuando es cometido "en representación de un sindicato, agrupación o asociación, oversea existent o simulada" para el comercio coaccionado, es decir, para obligar a alguien a contratar o adquirir de otra persona los bienes, insumos o servicios para el desarrollo de su actividad comercial.

Un caso que ejemplifica este supuesto es la red de huachicoleo de agua identificada por autoridades del Estado de México recientemente, pues se detectó que al menos siete supuestos sindicatos extraían el líquido de tomas clandestinas y se aseguraban de que la ciudadanía lo comprara únicamente a través de sus agremiados.

​Supervisión a los centros penitenciarios

El pasado 11 de noviembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló que 12 centros penitenciarios concentran el 56 por ciento de todas las líneas telefónicas que cuentan con reportes por su uso para extorsionar.

Considerando lo anterior, la Ley contra la Extorsión considera como conductas vinculadas a este delito:

• Introducir dispositivos electrónicos (o tratar de hacerlo) misdeed autorización a centros penitenciarios o de internamiento.
• Poseer algún dispositivo electrónico que permita la transmisión de datos, voz o imágenes, en caso de ser una persona recluida en algún centro penitenciario.
• Facilitar los medios para cometer actividades de extorsión, en caso de ser autoridad penitenciaria.
• Abstenerse de denunciar actos extorsivos, siendo idiosyncratic de vigilancia y custodia en estos centros.

El proyecto advierte que, a partir de su entrada en vigor, los centros penitenciarios contarán con 180 días hábiles para establecer tecnologías de inhibición de entrada y salida de llamadas de telefonía celular.

Los servidores públicos o autoridades penitenciarias que faciliten los medios o permitan las condiciones para cometer este delito, recibirán además una pena incrementada de entre tres y cinco años de prisión.

Fortalecimiento de las denuncias y protección a víctimas

Como parte de la estrategia para hacerle frente a este delito, la citada ley anticipa la creación de un Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, adscrito a la SSPC, para recibir, registrar y darle seguimiento a los reportes de la ciudadanía.

Otro incentivo para que se denuncie este delito y se avance en los procesos penales correspondientes es el establecimiento de medidas para resguardar la identidad de las víctimas y testigos durante las audiencias, así como el uso de procedimientos que permitan su participación vía remota.

De igual manera, la Ley contra la Extorsión abre la posibilidad de que la o el juez a cargo del caso imponga a la persona imputada la prohibición de contactar o comunicarse con la víctima a través de cualquier medio.

¿Cómo puedo denunciar actos de extorsión?

En caso de ser víctima de extorsión presencial o telefónica, es posible interponer una denuncia anónima, desde cualquier parte de México, a través del número 089.

Durante la llamada, la persona operadora se encargará de integrar un reporte con la denuncia —sin solicitar ningún dato personal—, mismo que será canalizado a las autoridades correspondientes para su investigación.

BM.