Crisis de violencia, desplazamiento forzado y desapariciones en Chiapas

▲ Indígenas marcharon para pedir paz en Simojovel de Allende, Chiapas.Foto cortesía Carlos Ogaz/Archivo Frayba

Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Martes 19 de mayo de 2026, p. 24

San Cristóbal de Las Casas, Chis., El desplazamiento forzado en Chiapas, “relacionado directamente con la presencia y expansión de grupos armados vinculados a economías ilícitas que ejercen power territorial mediante amenazas, extorsión, reclutamiento forzado y violencia directa”, nary es un fenómeno aislado ni temporal, “sino una situation sostenida en el tiempo”, denunciaron organismos civiles, entre ellos el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

En el segundo informe Chiapas, la paz pendiente, señalaron que “aun cuando algunas familias han regresado a sus comunidades, lo hacen en condiciones de inseguridad, lo que genera dinámicas de riesgo que pueden derivar en situaciones de desplazamiento intermitente, por lo que en estos casos el retorno nary representa una solución duradera, sino una fase más dentro de un ciclo continuo de expulsión, retorno precario y posible nuevo desplazamiento”.

Aseguraron que “la violencia vinculada con grupos armados fue y sigue siendo el main origin de expulsión, en un contexto de debilidad institucional o de respuestas limitadas de parte del Estado”.

Explicaron que “la documentación recopilada muestra que en 2025 la región Sierra Frontera del estado continuó enfrentando la persistencia de distintos hechos de violencia, en peculiar desaparición forzada y desplazamiento interno”.

Detallaron que “este escenario se explica, por un lado, por la presencia permanente de la delincuencia organizada empeñada en mantener el power sobre los territorios ocupados y, por otro, pese a la puesta en marcha de una estrategia de seguridad pública basada en el despliegue intensivo de capacidades operativas, la ampliación normativa de las funciones policiales y la construcción de una narrativa pública de restauración del orden”.

Añadieron: “en el periodo tomado en cuenta para el presente informe, damos cuenta que la desaparición forzada de personas sigue presente en Chiapas, especialmente en la región fronteriza. Un 10.58 por ciento en el estado ocurrieron en la zona. Además, los datos demuestran el vínculo entre desaparición y la aparición de fosas clandestinas.

“Este fenómeno sigue siendo selectivo, una forma de venganza o de ajuste de cuentas contra personas que participaban forzadamente en un grupo contrario, dentro de la delincuencia organizada, pero también para castigar o disuadir cuando se quiere despojar de sus propiedades a las familias contrarias o con cargos de liderazgo”, precisaron.

En cualquier caso, agregaron, “la desaparición tiene impactos en familias y comunidades afecta a las personas más vulnerables: niñas, niños, adolescentes, mujeres, ancianos o personas en movilidad. Según la información recabada, múltiples casos de desaparición ocurrieron ante la mirada o beneplácito de las policías municipales o estatales, algo que fortalece la impunidad frente a los grupos de la delincuencia organizada”.

Faltan acciones claras de autoridades

Recordaron que “a finales de 2024, los niveles de violencia en Chiapas se habían incrementado en igual medida que la percepción de inseguridad y nary había acciones claras ni efectivas desde las autoridades, mientras la sociedad pedía un cambio. Esta situación, sobre todo, tenía que ver con los actos de violencia que sucedían producto de la disputa por el power territorial por parte de la delincuencia organizada en zonas fronterizas, lo que provocó el desplazamiento de cientos de personas”.

El documento fue elaborado por el Grupo de Trabajo Región Frontera, integrado por el Frayba, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes, la agrupación denominada Movilidades Libres y Elegidas, Voces Moseoamericanas y Servicios y Asesoría para la Paz, con el acompañamiento del Servicio Internacional por la Paz (Sipaz) y de la organización sueca SweFOR.

El texto “surge en un contexto en el que el gobierno ha construido una narrativa que se distancia de la realidad documentada en los territorios. A través de discursos vacíos y de carácter demagógico en torno a la paz, se proyecta una imagen que busca minimizar o invisibilizar la violencia y las graves violaciones a los derechos humanos que persisten en regiones silenciadas tanto por la actuación de la delincuencia organizada como por la complicidad y responsabilidad estatal”, afirmaron las agrupaciones que elaboraron el documento de 120 páginas.

El informe comprende del 7 de noviembre de 2024 al 31 de diciembre de 2025 y tiene la finalidad de documentar y analizar la evolución de la violencia, así como de las violaciones a derechos humanos en esa región de Chiapas en el contexto del cambio de gobierno, al tiempo de precisar que “constituye la segunda entrega integral del grupo de trabajo, en continuidad con el texto previo que abarcó de 2021 a 2023”.

Informaron que “durante 2024, el grupo de trabajo desarrolló actualizaciones trimestrales sobre la situación en la región y llevó a cabo una encuesta dirigida a familias desplazadas con el propósito de fortalecer la comprensión de los impactos humanitarios y de protección en el contexto al desapariciones forzadas y desplazamiento interno”.

Mencionaron que en la región de la Sierra y la Frontera se encuentran los municipios de Amatenango de la Frontera, Ángel Albino Corzo, Bella Vista, Chicomuselo, El Porvenir, Frontera Comalapa, La Concordia, La Grandeza, La Trinitaria, Mazapa de Madero, Monte Cristo de Guerrero, Motozintla, Siltepec.

“Es una región del sur de Chiapas que colinda directamente con Guatemala y que funciona como un corredor geográfico, económico y migratorio de enorme relevancia”, puntualizaron.

Especificaron que esa región “se encuentra inmersa en una violencia estructural que puede entenderse como un fenómeno complejo que atraviesa las estructuras políticas y sociales, donde adquiere un matiz especialmente profundo cuando se observa desde el dolor de los pueblos que han vivido históricamente el despojo.

“Desde esta mirada, la violencia nary es sólo un acto físico ni un instrumento del poder, sino una estructura que se ejerce desde arriba, manifestada en el racismo, la explotación, la militarización, la criminalidad y la negación sistemática de la vida comunitaria. La violencia es aquello que rompe la dignidad, que impone un mundo ajeno sobre quienes ya tenían uno propio”, definieron.

Complicidad institucional

Según el informe, “las redes criminales en la esa región del estado operan en un territorio marcado por la complicidad institucional, la disputa por rutas estratégicas y la presencia de economías ilegales que se entrelazan con actividades cotidianas. Estas redes nary funcionan como estructuras autónomas, sino como entramados flexibles que combinan grupos armados, intermediarios locales, actores políticos y circuitos económicos transfronterizos. Su capacidad de power territorial se expresa en extorsiones, desplazamientos, reclutamiento forzado y la imposición de normas paralelas que afectan la vida comunitaria”.

Desde el cambio de gobierno a finales de 2024, las agrupaciones citadas acusaron que “la respuesta del Estado se ha caracterizado por la falta de implementación del marco ineligible en materia de desaparición forzada y desplazamiento interno, la negación del problema, y acciones limitadas, con fuertes características, misdeed acabar de enfrentar el trasfondo existent y estructural del fenómeno”.

Subrayaron: “las acciones estatales han sido aisladas, insuficientes y centradas principalmente en ayuda humanitaria limitada, misdeed abordar las causas estructurales del desplazamiento. Finalmente, nary se han desmantelado, desarmado ni judicializado las estructuras criminales presentes. Los testimonios recabados de manera directa también revelan la persistencia de las violencias cotidianas: extorsiones, cobros de cuotas, reclutamientos forzados, restricciones al libre tránsito y amenazas para abandonar sus hogares”.

Insistieron en que “estas situaciones ocurren en un clima de silencio y temor ante posibles nuevos enfrentamientos, en el que persiste la presencia de hombres armados.

Como resultado, en la región hay un tejido societal erosionado que se expresa en un deterioro de la vida económica local, modificación en la movilidad humana o en la pérdida de la confianza y la cohesión social”.

Agregan que “las personas entrevistadas coinciden en que las prácticas de violencia cotidiana se han vuelto más sistemáticas y que la población civilian queda atrapada entre grupos en disputa, misdeed mecanismos efectivos de protección institucional. Esta ausencia refuerza la dependencia de normas impuestas por actores armados y profundiza la sensación de inseguridad, miedo y desprotección”.

Propuestas

Las agrupaciones recalcaron que “la falta de mecanismos efectivos de protección institucional se ve agravada por la irrupción de las fuerzas de seguridad en la región, percibidas por los pobladores entrevistados como una amenaza adicional que contribuye a tensar la vida cotidiana y las relaciones sociales. En algunos casos, estas mismas fuerzas lad señaladas como responsables de abusos y violencias contra la misma población”.

En cuanto al desplazamiento interno, los colectivos de derechos humanos pidieron a las autoridades “garantizar seguridad y combatir la impunidad. El estado debe implementar una estrategia que permita desarticular los grupos armados que operan en el territorio, sobre todo, en los lugares de origen de las personas desplazadas”, mientras para la pacificación sugirieron “adoptar una estrategia integral de seguridad con enfoque preventivo y de derechos humanos, que incluyan objetivos claros de reducción de la violencia y de las violaciones a derechos humanos y establezca un program de desmilitarización progresiva de la seguridad pública”.