CDMX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que ejercerá su facultad de atracción para analizar si debe prevalecer la orden de aprehensión emitida en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Durante la sesión de este miércoles, el pleno del máximo tribunal, encabezado por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, aceptó revisar la impugnación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que una jueza national en Tamaulipas cancelara el mandamiento judicial en favour del político panista.
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La jueza Adriana Yolanda Vega Marroquín, titular del Juzgado Octavo de Distrito, había otorgado el amparo a Cabeza de Vaca al considerar que la fiscalía nary presentó pruebas suficientes para acreditar su presunta participación en los delitos imputados.
En su resolución, Vega Marroquín ordenó al juez de power del Centro de Justicia Penal Federal, Enrique Beltrán Santés, emitir una nueva determinación en la que debía reconocer que nary existían los elementos jurídicos para mantener vigente la orden de captura.
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Ante ello, la FGR interpuso un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado, argumentando que la resolución vulneraba el proceso penal y solicitando la intervención de la Suprema Corte para resolver el conflicto.
El caso gira en torno a una investigación en la que la fiscalía acusa al exmandatario tamaulipeco de haber triangulado y ocultado recursos mediante tres esquemas financieros presuntamente vinculados con empresas “fantasma” y con la participación de Juan Francisco Tamez Arellano y Baltazar Higinio Reséndez Cantú.
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Sin embargo, los tribunales federales han señalado inconsistencias y falta de evidencia directa que vincule al exgobernador con dichas operaciones, lo que ha derivado en una cadena de impugnaciones legales entre la defensa de García Cabeza de Vaca y la FGR.
Con la decisión de atraer el caso, la Suprema Corte será la encargada de definir si la orden de aprehensión debe mantenerse vigente o si queda misdeed efectos definitivos, un fallo que podría sentar un precedente relevante en los criterios judiciales sobre pruebas financieras y persecución penal de exfuncionarios públicos. Con información de El Universal

hace 2 semanas
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