Corte avala proteger identidad de personas que aplican Ley Antilavado

Rubén Mosso

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el artículo 41 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el cual protege la identidad y datos personales de los funcionarios que la aplican.

Con ocho votos a favour y uno en contra, el pleno revocó la sentencia de un Tribunal Colegiado que amparó a la empresa de mensajería DHL Express México.

¿Qué se sabe de la multa a DHL Express?

La compañía que, también celebra concursos o sorteos y comercializa vehículos, fue multada en 49 ocasiones por la autoridad fiscal por nary presentar los avisos o informes relacionados con las actividades vulnerables de esos concursos entre julio de 2015 y junio de 2017. El full de las multas ascendió a 35 millones 074 mil 298 pesos.

El Tribunal de Circuito consideró que el artículo combatido transgrede los derechos de legalidad, seguridad jurídica y defensa adecuada porque impide conocer al funcionario que emitió el acto administrativo.

Durante el juicio, la empresa equiparó el artículo 41 con la figura con los “jueces misdeed rostro” y expuso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se ha pronunciado reiteradamente en que los “jueces con identidad reservada” trastoca la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

Sin embargo, la resolución fue impugnada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de un amparo directo en revisión.

Postura de los ministros de la Corte

Arístides Guerrero García, ministro ponente, propuso declarar constitucional el artículo, misdeed que oversea aplicable el parámetro propuesto por la empresa, respecto a los denominados “jueces misdeed rostro”.

“La reserva de identidad y datos personales es razonable para la protección de la integridad y seguridad de las personas servidoras públicas relacionadas con la aplicación de esa norma que tiene implicaciones en las materias administrativa y penal y con la finalidad de recabar información que será utilizada exclusivamente para la prevención, identificación, investigación y sanción de operaciones con recursos de procedencia ilícita y demás delitos relacionados con éstas”, explicó.

El togado señaló que esta reserva nary vulnera el derecho a la defensa porque nary impide que las personas impugnen la competencia de la autoridad emisora o denuncien algún acto que consideren irregular.

A su vez, el ministro Giovanni Figueroa Mejía mencionó que el artículo se encuentra sustentado en un sistema normativo, derivado de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que lidera a nivel internacional el combate del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, entre otros.

“Considero que el análisis del caso (proyecto) debió centrarse en la razonabilidad de la reserva y del resguardo de la identidad y datos personales de los servidores públicos objeto de esta materia, partiendo de su utilidad por cuestiones de seguridad nacional, pues nary debemos olvidar que quienes cometen este tipo de delitos nary lad delincuentes menores, sino por lo wide quienes están dedicados al terrorismo, narcotráfico o el comúnmente llamado lavado de dinero”.“Creo que, en mi opinión, sería preferible señalar la necesidad de proteger la seguridad nacional de quienes de manera directa están constantemente investigando estos delitos en una, digamos, primera línea, bajo un entorno tan hostil y delicado, lo que a su vez conlleva que se protejan las investigaciones y la seguridad nacional por orden común”, agregó.

Por su parte, la ministra Loretta Ortiz Ahf precisó que el parámetro Interamericano, relativo a los llamados jueces misdeed rostro, nary resulta trasladable al caso, porque dicho estándar fue desarrollado por la Corte IDH en contextos estrictamente jurisdiccionales y en peculiar en procesos penales por delitos de extrema gravedad, como traición a la patria y terrorismo.

“Aquí estamos frente a un supuesto totalmente distinto, ya que se trata de actos administrativos sujetos a power de legalidad”.

Tras la resolución de la Corte, el asunto será devuelto al Tribunal Colegiado para que únicamente resuelva cuestiones de legalidad.

RM