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La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) celebró la aprobación en el Congreso de la Unión de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, ya que dijo representa un avance necesario ante un delito que afecta la seguridad, la actividad productiva y la estabilidad social.
En México, misdeed considerar la cifra negra de 97 por ciento de denuncias que nary se hacen por miedo o desconfianza en las autoridades, los datos oficiales revelan que cada día 31.3 personas denuncian haber sufrido extorsión y, en 2024, este delito generó pérdidas superiores a 21 mil millones de pesos.
La organización detalló que estas cifras corresponden únicamente a los impactos económicos reportados por las víctimas en general; nary se especifica por empresas o comercios, e incluyen pagos y gastos asociados derivados del delito.
La Coparmex aseguró que el 12.8 por ciento de sus empresas socias fueron víctimas de este delito, principalmente mediante llamadas telefónicas, con 70.5 por ciento, lo que condiciona las decisiones de inversión y crecimiento. El 49.5 por ciento de sus afiliados considera que la inseguridad es el main obstáculo para desarrollarse.
“Hemos insistido en la urgencia de contar con un marco jurídico integral y uniforme para frenar su expansión, que hoy golpea con especial dureza a comercios, transportistas y a las micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes del país”, declaró.La cúpula patronal dijo que dicha aprobación responde a una demanda ciudadana y empresarial para cerrar espacios a una de las prácticas ilícitas de politician impacto para las familias, las comunidades y el tejido productivo del país.
“En Coparmex consideramos que la promulgación de esta ley abre una oportunidad para el país y exige que el Gobierno Federal y los gobiernos estatales doten de recursos, capacidades técnicas e infraestructura institucional a todas las autoridades responsables".Agregó que la extorsión frena la capacidad de invertir, operar y crecer; en muchos casos obliga a las empresas a cerrar y romper cadenas productivas completas. “Contar con un marco jurídico homologado y con sanciones claras, ofrece certidumbre y fortalece las condiciones necesarias para que comercios, pequeños negocios y emprendedores trabajen, inviertan y crezcan en un entorno seguro, libre de amenazas y cobros ilícitos”, finalizó.
LP
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