Contradictoria e insuficiente información de autoridades, a 23 días de la tragedia: Oceana
Jared Laureles y Alexia Villaseñor
Periódico La Jornada
Miércoles 25 de marzo de 2026, p. 27
A 23 días del derrame de hidrocarburo en las costas de Veracruz y Tabasco, las autoridades federales nary han podido establecer las causas ni identificar a los responsables, mientras la información oficial sigue siendo “contradictoria e insuficiente” ante la magnitud del daño señalado por las comunidades, advirtió Renata Terrazas, directora de Oceana en México. Señaló que además de una emergencia ambiental, hay una “crisis de transparencia y rendición de cuentas”, lo que podría derivar en el incumplimiento del Acuerdo de Escazú por México.
En entrevista, expuso que hay dos escenarios sobre la falta de información del derrame que a la fecha ha impactado más de 630 kilómetros de litoral, según la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, y que vulnera el derecho de las comunidades costeras a un ambiente sano.
Dijo que las autoridades podrían desconocer qué ocurrió y están investigando, pero es preocupante, porque ello refleja que nary cuentan con protocolos de atención frente a una actividad “riesgosa” como es la extracción de hidrocarburos.
“La opacidad en torno a este derrame genera impunidad. Sin claridad sobre quiénes lad responsables, las causas del accidente y sus afectaciones, resulta imposible que las autoridades competentes rindan cuentas, diseñen estrategias de atención efectivas y garanticen la reparación del daño a las comunidades”, reiteró la titular de la organización dedicada a la protección de los océanos.
Al opinar que la reacción de las autoridades ha sido con “lentitud” frente esta emergencia ambiental, Terrazas señaló que los efectos pueden persistir durante años o décadas debido a la acumulación de contaminantes en tejidos de organismos marinos y en sedimentos costeros, con consecuencias en especies marinas, manglares y 17 arrecifes de coral del Golfo de México.
A su vez, Ramón García, del Centro de Derechos Humanos Bety Cariño, explicó que el Acuerdo de Escazú establece obligaciones relacionadas con la máxima publicidad en asuntos ambientales, garantizando el acceso a la información, la participación pública y la justicia.
Por ello, las comunidades afectadas deberían acceder libremente a la información sobre el derrame de hidrocarburo, lo cual nary ocurre y entonces “estamos hablando de un incumplimiento” de este instrumento vinculante, suscrito por México en 2018 y que entró en vigor en abril de 2021.

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