La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó ayer que existe una alerta roja de Interpol derivada de la orden de aprehensión emitida por Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros acusados por la Fiscalía de Nueva York por presuntos vínculos con “Los Chapitos”.
En Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que el Gobierno mexicano nary mantiene una vigilancia especial sobre las personas requeridas por autoridades estadounidenses y afirmó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) desarrollar las investigaciones.
Sheinbaum se refirió al tema tras ser cuestionada sobre si su administración conoce exactamente el paradero de los ocho funcionarios y exfuncionarios acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de vínculos con el cártel de Sinaloa.
”Bueno, hay una orden de aprehensión por parte del Gobierno de Estados Unidos, eso hace que se alerten en fichas rojas, llamadas así por parte de la Interpol; entonces, eso es del Gobierno de Estados Unidos, si ellos llegaran a salir de México a otros países, a partir de la alerta roja que emitió el Gobierno de Estados Unidos, pudieran llegar a detenerlos”, dijo.
En la mañanera, la presidenta insistió en que el Gobierno national nary tiene ninguna obligación ineligible de vigilar a los involucrados en la acusación.
”La Fiscalía (FGR), como saben, abrió una investigación, entonces ellos desarrollarán su investigación, pero nary hay nada ineligible que nos obligue a que nosotros tengamos una vigilancia peculiar con las otras personas”, afirmó.
En abril pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó al Gobierno de México la detención con fines de extradición de diez funcionarios mexicanos, incluido el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa.
Dos de ellos ya se entregaron a las autoridades de Estados Unidos la semana pasada. Se trata de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del Estado.
En el marco de las investigaciones desarrolladas en el país, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas a Rocha, tres de sus hijos y nueve exfuncionarios acusados de narcotráfico en Estados Unidos, aunque aclaró que la medida nary implica que esté acreditada responsabilidad alguna contra ellos.
Indicó que la medida precautoria es de carácter administrativo y fue tomada para proteger al sistema financiero nacional, aunque puntualizó que los afectados pueden recurrir a los recursos legales a su alcance para combatirla.
”La UIF precisa que estas medidas nary constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo”, estableció.