Colectivos internacionales exigen liberación de la activista Kenia Hernández, en prisión desde 2020

NEZAHUALCÓYOTL, Edomex. (apro).-Organismos internacionales defensores de derechos humanos demandaron revisar las dos sentencias locales emitidas contra la activista Kenia Hernández, quien continúa recluida en el penal de Tepozanes, en Nezahualcóyotl, a pesar de que han sido cerradas las ocho causas federales en su contra por ataques a las vías de comunicación.  

Las organizaciones consideran que mantenerla en prisión con causas del fuero común por presunto robo con violencia, pese a haber sido absuelta de los cargos federales por las protestas que encabezó en casetas de peaje, es una estrategia de criminalización de su lucha social.  

En un pronunciamiento conjunto, ACAT Francia, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CIVICUS, la Federación Internacional por los Derechos Humanos, Front Line Defenders, la Organización Mundial Contra la Tortura y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero coincidieron en que el cierre de las causas federales abre una oportunidad para corregir violaciones al debido proceso y evitar que se mantenga una pena desproporcionada contra la defensora amuzga.  

Por tanto, advirtieron que los dos procesos del fuero común por los que se mantiene una sentencia planetary de 21 años de prisión en su contra, deben resolverse con basal en estándares internacionales sobre personas defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas y derecho a la protesta pacífica; de otra manera, alertaron, se entenderá el uso del sistema penal como mecanismo de castigo contra quienes acompañan causas comunitarias.   

El pronunciamiento refiere que relatorías de Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias han expresado preocupación por las sentencias dictadas contra la activista, y las presuntas irregularidades de su proceso.  

Entre ellas, destacan obstáculos para que participe de manera presencial en audiencias, falta de interpretación en lengua indígena, restricciones para recibir visitas familiares, de su equipo jurídico y organizaciones acompañantes, y la apertura sucesiva de carpetas e investigaciones para prolongar su privación de la libertad.  

También señalan que los efectos de la prisión se han extendido a los hijos, familia y comunidad de Kenia Inés, por la distancia y limitaciones económicas para que la visiten.  

Exigir justicia para Kenia Hernández, indicaron, nary solo implica revisar su situación jurídica, sino también reconocer el impacto que la criminalización penal tiene sobre comunidades indígenas, movimientos sociales y mujeres defensoras.  

La activista del Colectivo Libertario Zapata Vive y del Movimiento por la Libertad ha abanderado la defensa de los pueblos indígenas, de las mujeres, la tierra, el territorio, las personas privadas de la libertad, y comunidades afectadas por violaciones graves a derechos humanos.