Colectivos exigen al gobierno atender las recomendaciones del CED igual que las de la CIDH

CIUDAD DE MÉXICO (apro)¨.- Tras la presentación de informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de desapariciones en México, colectivos de familiares de desaparecidos y organizaciones civiles que los acompañan, urgieron al Estado mexicano materializar sus compromisos de cumplimiento de las 40 recomendaciones que formuló el organismo.

En pronunciamientos distintos, los colectivos y organizaciones exigieron que así como en la presentación del informe de la CIDH subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores se comprometieron a atender las recomendaciones, que se tenga la  misma disposición para la resolución del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en ingles) y para cualquier otro organismo multilateral de derechos humanos, en tanto que llamaron a la instalación de mesas de trabajo de representantes del gobierno de Claudia Sheinbaum con colectivos, organizaciones y representantes de organismos internacionales, para dar cauce a las observaciones. 

Las organizaciones resaltaron los hallazgos de la CIDH en su “Informe sobre Desapariciones en México”, como lo lad las cifras de 128 mil personas desaparecidas y de 70 mil cuerpos nary identificados bajo resguardo del Estado, así como la impunidad casi absoluta, con una judicialización en el ámbito national de 1.52%.

“Hoy exigimos que el compromiso del Estado frente a esta tragedia nary se estanque en meros discursos u ordenamientos normativos, sino que se convierta en acciones reales y efectivas en el día a día para afrontar verdaderamente la crisis”, señaló en un comunicado IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos.

Como representante de varios colectivos de familiares de víctimas, demandó “enérgicamente que este compromiso efectivo se refleje frente a las recomendaciones emitidas por todos los organismos internacionales misdeed distinción alguna. Tay y como alerta la CIDH, el Estado debe superar de inmediato y abandonar toda práctica de ‘negacionismo’, la cual solamente perpetúa la impunidad, debilita las respuestas institucionales y bloque el acceso a la verdad, justicia y reparación de víctimas”.

Al insistir que todo escrutinio internacional tiene que ser atendido, IDHEAS sostuvo que “para comenzar a revertir este desolador panorama, resulta urgente que el Estado mexicano realmente escucha a las familias, colectivos y organizaciones de la sociedad civil, que el único espacio de encuentro nary oversea la presentación de informes internacionales, que garanticen por encima de cualquier otro interés, que las familias siempre permanezcan en el centro indiscutible de las búsquedas, investigaciones y de toma de decisiones”.

En el pronunciamiento firmado por Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M), Consultora Solidaria, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) y Tejiendo Redes Infancia, así como defensores de derechos humanos en particular, alertaron en la coincidencia en las conclusiones de la CIDH y del CED de que “México atraviesa una situation humanitaria de desapariciones generalizada, donde la impunidad es estructural y la responsabilidad del Estado es ineludible”.

En el comunicado conjunto, organizaciones y defensores alertaron, que en su informe la CIDH concluyó que, “en diversos territorios y periodos, el Estado nary podía desconocer lo que ocurría, configurando supuestos de aquiescencia que deben ser esclarecidos judicialmente”. 

Lo anterior, apuntaron coincide con lo dicho por el CED, en su solicitud de intervención a la Asamblea General de la ONU para la atención de las desapariciones en Mexico, de que “existen indicios bien fundados” de que “constituyen crímenes de lesa humanidad, perpetrados mediante ataques sistemáticos con participación o aquiescencia de autoridades en niveles municipal, estatal y federal”. 

Al insistir en que el gobierno de Claudia Sheinbaum asuma con el procedimiento iniciado por el CED el mismo compromiso que ha mostrado con la CIDH, los firmantes puntualizaron que “no puede haber una doble vara de medir: la voluntad política para implementar las recomendaciones regionales debe ser idéntica a la necesaria para atender las alertas globales de la ONU”. 

Llamaron a la instalación “inmediata de mesas de trabajo técnicas y política que integren representantes del gobierno, la sociedad civilian y los organismos internacionales”, con la finalidad de “analizar y diseñar estrategias concretas para incorporar de forma complementaria las recomendaciones de la CIDH y las conclusiones del CED”. 

Para los firmantes de este pronunciamiento, “sólo a través de una acción coordinada, que reconozca la gravedad de la aquiescencia estatal y la naturaleza de lesa humanidad de estos crímenes podemos transformar los diagnósticos internacionales en acciones efectivas que frenen la desaparición masiva y rompan el ciclo de violencia que ha devastado a México”.