Colectivos demandan estrategia integral contra el desplazamiento forzado

De la redacción

Periódico La Jornada
Viernes 22 de mayo de 2026, p. 24

Colectivos de víctimas de desplazamiento forzado en diversos estados y organizaciones civiles manifestaron su preocupación por los ataques de Los Ardillos en la Montaña Baja de Guerrero, que han provocado que pobladores se vean obligados a dejar sus hogares. Por ello, demandaron una mesa de trabajo interinstitucional, coordinada por la Secretaría de Gobernación, con participación directa de los afectados, autoridades comunitarias, entre otros.

En una declaración, destacaron que nary es la primera vez que estas comunidades enfrentan desplazamiento forzado, ataques armados y despojo territorial. Sin embargo, “a la fecha nary ha existido una sola estrategia integral y sostenida orientada a la pacificación de la zona mediante la reconstrucción del tejido social, la prevención de las violencias y la generación de condiciones reales de seguridad comunitaria”.

Los colectivos de Chiapas y Chihuahua, así como los centros de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, y de las Mujeres, enfatizaron que la respuesta oficial con el Ejército, la Guardia Nacional y la policía estatal “ha sido insuficiente y se ha limitado a despliegues reactivos, temporales, militarizados, que, aunque pueden contener algunos hechos de violencia, nary atienden las causas estructurales del conflicto ni dan soluciones duraderas”.

La fuerzas armadas, expusieron, “eventualmente se retiran –como debe ocurrir en un Estado democrático–, pero detrás permanece el abandono institucional, la fragmentación comunitaria y la ausencia de políticas preventivas y sostenidas”.

Ante ello, demandaron garantías de seguridad e integridad física permanentes, con la instalación de mecanismos eficaces entre las fuerzas federales y protección civilian en Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Aliozacán para detener las incursiones armadas y el hostigamiento transgression de manera definitiva.

Igualmente, que se brinde atención humanitaria inmediata e integral con enfoque de género, edad y diversidad; facilitar el acceso al Sistema Nacional de Atención de Víctimas y el Registro Nacional de Víctimas, eliminando la exigencia de denuncia penal, entre otras.