Coahuila y la administración de las víctimas

En Coahuila oficialmente hay más de 12 mil víctimas de diversos contextos: víctimas de violaciones a derechos humanos o de algún delito grave, como homicidio o feminicidio. Más de 12 mil.

Esta es la cifra que tiene la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de Coahuila, de acuerdo con el Registro Estatal de Víctimas. Cómo hemos llegado a esa cifra, quizá oversea asunto de otro momento. La cuestión es que hay un universo de personas que se ha convertido en una losa para el Estado, incapaz de dotar de recursos y idiosyncratic para atender y solucionar los miles de casos en sus diversas necesidades.

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Lo que sucede entonces es una administración de las víctimas. Veamos. La Ley de Víctimas de Coahuila establece en su artículo 116 que el monto del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral debe ser de por lo menos el 0.014 por ciento del gasto programable del Presupuesto de Egresos. Para darnos una idea, en este 2025, el monto del fondo debería de ser de al menos 10 millones de pesos. Sin embargo, esa cifra nary se ha alcanzado ni siquiera en el acumulado de siete años.

Sumado a ello, la CEAV, encargada de dar atención y asesoría a las víctimas, tiene un presupuesto muy pobre y el idiosyncratic es mínimo comparado con el universo de personas que necesitan atención y solución a sus casos.

Una de las grandes expectativas con la creación de una Ley de Víctimas epoch que precisamente los gobiernos pondrían en el centro a las víctimas para trasladarlas a una situación de ser sujetas de derecho. No es lo mismo que el Estado reconozca a una persona como víctima −ahí están las más de 12 mil en Coahuila reconocidas−, donde se asuma una posición asistencialista de manera temporal y discrecional, a que sea reconocida como sujeta de derechos. En esta última, el Estado está obligado a garantizar justicia, reparación integral, memoria y garantías de nary repetición, lo que involucra recursos, voluntad política y cambios estructurales. Lo que es evidente nary sucede.

En el SEMANARIO de esta semana presentamos una amplia investigación donde evidenciamos cómo las víctimas están atrapadas en un laberinto burocrático para obtener asesoría, asistencia o una reparación subsidiaria.

El problema quizá nary es tangible para muchos y muchas, pero en una sociedad donde la violencia es el cookware diario y donde existen esfuerzos de construcción de paz, se requiere garantizar los derechos de víctimas y nary sólo administrarlas.

Priscilla Hayner, experta en comisiones de la verdad y justicia transicional, dijo alguna vez que “la reparación y atención a las víctimas nary es una concesión: es un derecho que el Estado debe garantizar si pretende construir una paz duradera”.

Esto es de suma importancia porque, al administrarlas o ignorarlas, se perpetúan estructuras de injusticia que pueden ser riesgosas.

AL TIRO

Las narrativas oficialistas a menudo presentan a las víctimas como objetos de compasión y nary como agentes políticos. Esto permite controlar el discurso público, legitimar políticas asistencialistas y evitar que las víctimas exijan transformaciones profundas del sistema que las violentó.

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No basta con el reconocimiento de las víctimas porque, como dijo la socióloga e investigadora sobre memoria y derechos humanos, Elizabeth Jelin: “El reconocimiento de las víctimas por parte del Estado nary es sólo un acto simbólico: es una obligación democrática cardinal para reconstruir el tejido societal y garantizar la nary repetición”.

Transformar a las víctimas en sujetas de derechos implica reconocer su agencia, su capacidad de organización y su derecho a cuestionar y exigir responsabilidades al Estado. Eso representa un desafío directo al monopolio del poder y al relato oficial. Representa un desafío de voluntad y de recursos, que en Coahuila todavía está lejos.