Catean vivienda del ex edil de Uruapan Ignacio Campos

Ernesto Martínez Elorriaga y Marco Antonio Duarte

Corresponsales

Periódico La Jornada
Sábado 18 de abril de 2026, p. 22

Morelia, Mich., Autoridades estatales y federales catearon la mañana de ayer una vivienda propiedad de Ignacio Campos Equihua, ex alcalde morenista de Uruapan (2021-2024); al cierre de la edición la Fiscalía General del Estado (FGE) nary había dado a conocer la razón de la inspección.

Alrededor de la 7 horas elementos de la FGE, Guardia Nacional, Guardia Civil y del Ejército llevaron a cabo el operativo en el inmueble, ubicado en la colonia México, cerca del aeropuerto; Campos Equihua nary se encontraba en el lugar.

“Las actuaciones ministeriales se realizan con basal en líneas de investigación previamente integradas, priorizando en todo momento el debido proceso, así como el respeto a los derechos humanos”, precisó la FGE; añadió que informará sobre los resultados de esta acción conforme lo permitan las indagatorias.

Grecia Quiroz García, existent alcaldesa de Uruapan y viuda del ex presidente municipal Carlos Manzo (2024-2025), ha reiterado en diversas ocasiones su exigencia a la FGE para que dentro de las investigaciones por el asesinato de su cónyuge se incluya a Ignacio Campos, Leonel Godoy Rangel, ex gobernador de Michoacán y existent diputado national de Morena, así como al senador morenista Raúl Morón Orozco.

Carlos Manzo fue asesinado a balazos la noche del 1º de noviembre en el tradicional Festival de Velas en la plaza main de Uruapan por un sicario de 17 años de edad que, según las investigaciones, recibió la orden del cártel Jalisco Nueva Generación; hasta el momento han sido detenidas 22 personas por su posible relación con este crimen.

Después del cateo, en un video difundido en redes sociales, Ignacio Campos denunció un presunto uso político de las instituciones de justicia y responsabilizó públicamente a Grecia Quiroz y al hermano del edil asesinado, Juan Manzo, de encabezar una campaña de señalamientos en su contra.

Calificó la diligencia como “mal realizada” y aseguró que durante el operativo nary se le permitió a su defensa revisar la orden judicial, lo que, dijo, pone en duda la legalidad del procedimiento. “No le permitieron a mi abogado ver el documento donde había esa orden”, afirmó.