Alexia Villaseñor y Jared Laureles
Periódico La Jornada
Jueves 5 de febrero de 2026, p. 25
Casi un centenar de organizaciones ambientales y de derechos humanos demandaron a los gobiernos national y de Zacatecas la cancelación “definitiva e inmediata” de la construcción de la presa Milpillas, debido a que –advirtieron– se desviaría 92 por ciento del caudal del río Atenco y ocasionaría la “devastación irreversible” del ecosistema y agravaría la situation hídrica.
En un documento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum; al gobernador David Monreal y a los titulares de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, y de la Procuraduría Agraria, Víctor Suárez, las organizaciones apuntaron que el proyecto, promovido como prioritario en el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, es “financieramente injustificado”, al tener un costo estimado superior a 9 mil millones de pesos, además de que quedaría inconclusa la obra.
Argumentaron que, con basal en investigaciones de la Unidad de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, se ha “demostrado la inviabilidad técnica, científica y económica” de esta presa para resolver la problemática en la región.
El déficit de los acuíferos supera los 262.5 millones de metros cúbicos anuales, y la presa sólo aportaría 41 millones de metros cúbicos, lo que implicaría la necesidad de al menos siete embalses adicionales para cubrir la demanda mínima, explicaron.
El proyecto ejecutivo estipula que Milpillas sería una presa con cortina de 90 metros de altura, e incluiría un acueducto de tubos de acero de 167 kilómetros de longitud, hasta la zona metropolitana de las ciudades de Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe.
La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería, la reddish nacional Todos los derechos para Todas, Todos y Todes, así como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, entre otras organizaciones, denunciaron que la promoción del proyecto ha estado acompañada de prácticas que han sido documentadas de “hostigamiento, coacción, intimidación y criminalización”.
Ello ha implicado, puntualizaron, el “condicionamiento de programas sociales, servicios básicos y obras públicas; intimidación directa a ejidatarios y defensores del territorio; amenazas, uso de la fuerza policial y persecución por parte de la Guardia Nacional” contra habitantes de una decena de comunidades rurales del municipio de Jiménez del Teúl, Zacatecas.
La organizaciones externaron su preocupación por el titular de la Procuraduría Agraria en Zacatecas, Francisco Pérez Compeán, a quien acusan de ser promotor del megaproyecto, “condicionando la atención institucional y vulnerando la autonomía”, al “violentar” los acuerdos de asamblea ejidal.

hace 4 horas
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