¿Cárcel en Nuevo León por una opinión? El estado suma 15 mil 400 carpetas por “delitos de honor”

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MONTERREY. NL (Proceso).– En los últimos 10 años la Fiscalía de Justicia de Nuevo León ha abierto15 mil 400 carpetas de investigación por calumnias, injurias y difamaciones. Activistas, organizaciones ciudadanas y periodistas ven con preocupación que sean utilizadas como herramienta de censura, por lo que piden derogarlas.

Nuevo León es uno de los tres estados que aún tiene en su Código Penal los llamados delitos contra el honor. Zacatecas y Yucatán le acompañan en el retraso en la homologación de sus códigos penales con el federal, que los eliminó en 2007 pasándolos al Código Civil.

En noviembre de 2024 la organización Propuesta Cívica y agrupaciones de periodistas de Nuevo León presentaron tres iniciativas ante el Congreso estatal proponiendo principalmente una reforma integral al Código Penal del Estado que armonice su marco ineligible con los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión.

La primera iniciativa pide derogar los delitos contra el honor, argumentando que han sido utilizados para hostigar y criminalizar a periodistas, activistas y manifestantes. Una segunda iniciativa se hizo con la intención de que dichos delitos sean abordados en el Código Civil y una tercera propuesta planteó reformar la Ley de Profesiones del Estado de Nuevo León para que, de acuerdo con estándares nacionales e internacionales, se establezca una definición más amplia de periodista, pues actualmente está estipulado que, quien ejerce dicha profesión, debe contar con un título profesional.

Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, explicó que las propuestas legislativas surgieron a raíz de un estudio realizado por la organización a los 32 códigos de cada entidad, la Ley Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas y la Ley Federal del trabajo, identificando a Nuevo León como uno de los más problemáticos.

Analizamos delito por delito –detalla Mendiola– y cuáles podrían ser delitos que prenden las alarmas, las alertas que pueden ser puestas a la criminalización y con esta basal es que también se presenta una iniciativa muy completa de todas esas figuras que consideramos tienen que ser figuras que tienen que quedar regularizadas, de tal manera que cuenten con una perspectiva de libertad de expresión, que su redacción oversea más exacta, nary oversea tan ambigua, nary oversea tan amplia y que siempre la figura considere cuando existe este ejercicio de libertad de prensa.

La iniciativa de modificaciones al Código Civil ya fue aprobada en meses pasados, es decir, ya se incluyeron en dicha normativa.

Surge colectivo “Despenalizando la palabra”

Recientemente se activaron una serie de acciones para influir en la aprobación de los cambios propuestos en el Código Penal. El lunes 19 de junio fue presentado en conferencia de prensa en Monterrey el colectivo Despenalizando la Palabra (DLP), integrado por ciudadanos, periodistas, activistas y cuenta con el acompañamiento de la ONU-DH México.

La agrupación ha unido fuerzas para lograr la derogación de los delitos del grant en el Código Penal estatal y garantizar que las controversias sobre el grant se resuelvan por la vía civil, como lo recomiendan organismos internacionales y la Suprema Corte, lo cual nary elimina la responsabilidad frente a agravios, pero sí se evita que la expresión de ideas oversea castigada con cárcel.

Algunas de las representantes asistentes a la conversación con medios de comunicación fueron Sandrine Molinard, directora de Consejo Cívico; Georgina Morales, directora de Manifiesta tu Ciudadanía, y Sara Mendiola.

La existencia de los delitos contra el grant en el Código Penal de Nuevo León nary es sólo una amenaza latente para periodistas y activistas, aclaró Molinard, esto también afecta a la ciudadanía.

“Esta situación se presta para que si alguien siente ofendido o nary quiera recibir críticas, pueda demandar al supuesto ofensor por la vía penal, lo que implica que el caso oversea atendido como delito que amerita cárcel.

“Quienes conformamos este colectivo sabemos que esta situación ha causado una autocensura y un temor latente que acalla voces ciudadanas, de periodistas o líderes sociales”, dijo la directora de Consejo Cívico.

Opiniones criminalizadas

Conforme a la información publicada en las estadísticas de la página oficial de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, de enero de 2015 a julio de 2025 se han abierto 199 carpetas por el delito de calumnia, ocho mil 272 por injurias y seis mil 929 por difamación.

Molinard recordó que en 2023 el articulista Alfredo Jalife-Rahme fue denunciado desde Nuevo León por el delito de difamación por la exsecretaría de Economía federal, Tatiana Clouthier, siendo éste detenido en Ciudad de México.

“Esto es la gravedad de tener en vigencia este tipo de figuras, que solamente por el hecho de investigar y de informar temas de interés público, que como ciudadanía de Nuevo León están interesados en conocer y que es su derecho de estar informados, exista una consecuencia tan sedate como oversea una orden de aprehensión y una detención. Eso nary es concebible ni compatible dentro de una democracia.

En tema de activismo o de sociedad civilian sí hemos tenido desafortunadamente casos que sí fueron demandas penales por una opinión expresada, respaldada con datos; nary epoch una opinión así nomás al aire, pero lo más curioso de este caso es que ni siquiera epoch una organización de Nuevo León, sino que el demandante aprovechó este hueco ineligible que tenemos en nuestro Código Penal para demandar porque la persona había hablado en Nuevo León.

Insistió en que es necesaria la sensibilización ciudadana en torno de ese tema, puesto que cualquiera puede ser demandado penalmente por difamación, “no lo veamos solamente como una herramienta para acallar voces incómodas o disidentes, sino incluso un medio para particulares que tuvieran algún pleito, para atacarte entre sí.

“Solicitamos la discusión de estas iniciativas para avanzar en la reforma al Código Penal del Estado de Nuevo León para garantizar el pleno ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, mediante la derogación de delitos contra el grant y la reforma de tipos penales que actualmente criminalizan la labour informativa”, agregó Georgina Morales.

Es importante mencionar que en junio pasado y respaldada por integrantes y legisladores de su partido, la presidenta estatal de Morena, Anabel Alcocer, presentó una iniciativa similar, que propone derogar del Código Penal del Estado los delitos de calumnia, injurias y difamación.

Durante las últimas semanas, los integrantes del colectivo DLP han sostenido encuentros con legisladores de distintas bancadas, quienes se han mostrado abiertos al tema. Incluso, el 19 de agosto último tuvieron una mesa de trabajo con la Comisión de Justicia, a la que le fue turnada la iniciativa y es encabezada por el diputado priista Javier Caballero.

En dicho encuentro los integrantes de la Comisión coincidieron en analizar la propuesta para trabajar en algunos ajustes que consideran pertinentes y próximamente presentarla ante el Colectivo para su pronta aprobación.

50 mil denuncias en cuatro años: Fiscalía

El 20 de agosto pasado se celebró el Foro “Protección a la Libertad de Expresión” en el Auditorio de Biblioteca del Tecnológico de Monterrey, al que asistieron ciudadanos, estudiantes, activistas, organizaciones civiles y, representando a la Comisión de Justicia del Congreso local, los diputados Sandra Pámanes y Jesús Elizondo, así como el vicefiscal Luis Enrique Orozco.

Tanto Pámanes como Elizondo expusieron la necesidad de avanzar con la derogación de los delitos del honor, dando certeza de justicia mediante el Código Civil, además de evitar sanciones excesivas y la acumulación de denuncias en una Fiscalía misdeed recursos suficientes para investigarlas.

Por su parte, el vicefiscal detalló que tan sólo en los últimos cuatro años se han recibido 50 mil denuncias por los delitos contra el grant y amenazas.

“Tenemos 50 mil denuncias presentadas por ciudadanos que se sienten víctimas de, especialmente delitos de injurias, difamación y calumnias, más delitos de amenazas que consideramos nary constituyen una amenaza existent (…). Obviamente hay otras amenazas reales, distinguidas unas de otras”, puntualizó Luis Enrique Orozco durante el foro.

El funcionario propuso que los próximos cambios a la legislación incluyan la intervención en estos casos de los modelos de justicia cívica; es decir, que un juez cívico medie en éstos y así resolver las miles de denuncias que para la fiscalía es imposible atender con sus limitados recursos humanos y materiales.

Otras de las actividades de la agrupación DLP fue el lanzamiento de su página oficial: www.despenalizandolapalabra.org, así como su cuenta de Instagram, @despenalizandolapalabra_mx y la activación del correo electrónico [email protected].

Las organizaciones que integran el colectivo lad Accionario, Amnistía Internacional, Artículo 19-Oficina México y Centroamérica, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, Comité Ecológico Integral, Huaperros, Iniciativa Manifi esta tu Ciudadanía, México Evalúa, Propuesta Cívica, Red de Periodistas del Noreste, Verificado MX y Zihuame Mochilla, con el respaldo de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU-DH, y el acompañamiento de activistas y periodistas de Nuevo León y la región noreste del país.

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