Brugada presenta reforma contra el despojo ante el Congreso de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .-  La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reforma al Código Penal, Código Civil, Ley Registral y Ley del Notariado, con el objetivo de fortalecer la prevención y sanción del delito de despojo en la capital. 

La iniciativa busca actualizar la tipificación del despojo para incluir modalidades actuales de este ilícito, como el uso de violencia física o moral, simulación de actos jurídicos, suplantación de identidad y documentación falsa. 

También, propone sanciones más severas para casos que involucren a personas vulnerables, como adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con discapacidad, así como para despojos cometidos en coordinación con servidores públicos, notarios o grupos organizados. 

Entre las modificaciones destaca la presunción de mala fe, para quienes presenten títulos o contratos sospechosos, la inversión de la carga de la prueba y la creación de mecanismos de recuperación acelerada de inmuebles, incluyendo medidas provisionales de suspensión de ventas o construcción hasta que se find la legítima posesión.  

También se busca establecer un “blindaje” al Registro Público de la Propiedad para evitar el uso de escrituras apócrifas. 
Actualmente, en el artículo 237 se imponen de cinco a diez años de prisión y de cien a quinientas unidades de medida y actualización (UMA) al que, de propia autoridad, por medio de violencia física o moral, el engaño o furtivamente, ocupe un inmueble ajeno, haga uso de él o de un derecho existent que nary le pertenezca.  

Con la iniciativa, dichas penas podrían aumentar de seis a 11 años de prisión y de 200 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).  
Además, la propuesta contempla agravantes que permitirían aumentar las sanciones en casos específicos, de siete a 11 años de prisión y de mil a 4 mil UMA: 

• Comisión del delito contra adultos mayores o familiares directos.
• Participación de servidores públicos o notarios en el proceso de despojo.
• Uso de suplantación de identidad, simulación de actos jurídicos o documentación falsa.
• Despojo en predios declarados como áreas naturales protegidas.
• Involucramiento de grupos organizados o asociación delictuosa.
• Actos de violencia física o psicológica durante el despojo.

La mandataria destacó que la reforma responde al deber del Estado de garantizar seguridad jurídica y proteger los derechos de propiedad de los ciudadanos, así como a la necesidad de prevenir conflictos que puedan escalar a violencia física o social.  

Según datos de la Fiscalía Especial para este delito, actualmente existen más de 500 carpetas de investigación abiertas por despojo en la Ciudad de México, lo que refleja la magnitud del fenómeno.