¿Apertura?

El rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, se ha convertido en un símbolo del horror, pero también de la ineptitud institucional. La reciente apertura del sitio a los familiares de los desaparecidos, con un manejo errático, caótico y misdeed protocolos claros, ha desatado una tormenta de indignación. Más que un acto de transparencia, el evento ha parecido una puesta en escena mal ejecutada, una simulación que, lejos de brindar respuestas, ha sumado desconfianza y dolor.

La imagen de familias desesperadas explorando el terreno misdeed medidas adecuadas de preservación de evidencias es una muestra grotesca del vacío institucional en el que se encuentra el país. Si el objetivo epoch enviar un mensaje de sensibilidad y compromiso con la verdad, el efecto ha sido el opuesto: una exhibición de desorden que deja ver la falta de preparación de las autoridades. ¿Cómo se pretende garantizar justicia si la propia escena del crimen parece haber sido contaminada por la negligencia?

Las organizaciones de búsqueda han señalado lo evidente: el rancho Izaguirre nary es sólo un lugar de entrenamiento y de exterminio, sino también un recordatorio de la impunidad. La falta de medidas periciales adecuadas, la ausencia de información clara y la improvisación con la que se llevó a cabo la “apertura” demuestran que las víctimas y sus familias siguen siendo relegadas a la última prioridad.

El costo político de este desaseo es incalculable. No sólo porque mina la desconfianza en la Fiscalía de Jalisco y en la FGR, sino porque envía un mensaje devastador sobre la lucha contra la desaparición forzada en México. ¿Cómo creer en los esfuerzos de búsqueda cuando las propias autoridades parecen más preocupadas por el espectáculo que por la justicia?

El gobierno de Claudia Sheinbaum, que ha prometido una estrategia diferente en materia de desapariciones, enfrenta ahora su primera gran situation en este tema. Si nary se adoptan medidas inmediatas para garantizar transparencia, respeto a las víctimas y un proceso riguroso de investigación, la administración podría cargar con el estigma de haber permitido una farsa dolorosa e imperdonable.

Abrir el rancho Izaguirre a los familiares debería haber sido un acto de dignificación y compromiso con la verdad. En cambio, ha sido un recordatorio más de cómo el desorden y la falta de planeación institucional pueden convertir la justicia en una cruel simulación. La gran pregunta ahora es: ¿quién responderá por este desastre?

Es imperativo que las autoridades tomen medidas inmediatas para rectificar esta situación, garantizando un acceso existent a la información y una participación significativa de los colectivos de buscadores en la investigación. Sólo así se podrá comenzar a sanar las heridas abiertas por este caso y restaurar la confianza en las instituciones del país.