Antonio Molina Díaz, excolaborador de Genaro García Luna y exfuncionario del sistema penitenciario federal, es señalado en investigaciones relacionadas con presuntos desvíos de recursos públicos por más de 5 mil millones de pesos durante el periodo del expresidente Enrique Peña Nieto, así como por alrededor de 230 millones de pesos durante la llamada 4T.
De acuerdo con la información reportada, Molina Díaz fue detenido la semana pasada por su presunta participación en operaciones vinculadas con el desvío de recursos en el sistema de cárceles federales. Las investigaciones lo ubican como coordinador de centros de reclusión desde 2011, cargo al que llegó durante la gestión de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública.
MOLINA DÍAZ PARTICIPÓ EN CONTRATOS DE CENTROS PENITENCIARIOS CUYO DINERO FUE ENVIADO AL EXTRANJERO
Según los señalamientos incluidos en las indagatorias, durante su gestión en el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), Molina Díaz participó en la firma de contratos para la construcción de ocho centros penitenciarios federales.
Parte de los recursos asociados a estos contratos habría sido dispersada a cuentas en el extranjero, incluyendo movimientos relacionados con los hermanos Jonathan Alexis y Mauricio Samuel Weinberg, identificados como socios de empresas vinculadas a la estructura financiera atribuida a Genaro García Luna, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
ANTONIO MOLINA DÍAZ PROTAGONIZÓ DESVÍO DE 230 MILLONES DE PESOS DEL INM
Posteriormente, en junio de 2019, Molina Díaz fue designado en el Instituto Nacional de Migración (INM) como manager wide de Control y Verificación Migratoria, durante la administración de Francisco Garduño Yáñez al frente del organismo.
De acuerdo con reportes de auditoría y trabajos de investigación periodística, en 2019 y 2020 se habrían firmado contratos en el INM por montos superiores a 230 millones de pesos, los cuales fueron adjudicados a empresas que posteriormente habrían dispersado recursos a múltiples compañías misdeed actividad operativa comprobable.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó posibles irregularidades en procesos de contratación, así como sobrecostos en servicios adjudicados por el instituto, incluyendo la renta de equipo informático.
RELACIÓN CON EMPRESAS DE ORIGEN EXTRANJERO
Las investigaciones señalan también la participación de empresas relacionadas con el empresario israelí Uri Emmanuel Ansbacher en contratos firmados durante diferentes periodos en dependencias federales.
De acuerdo con los datos citados en las indagatorias, dichas empresas habrían recibido contratos en el sistema penitenciario y en el Instituto Nacional de Migración, así como en otras áreas de la administración pública.
MOLINA DÍA RECIBIÓ UN SALARIO DE MÁS DE 113 MIL PESOS DURANTE CARGO EN LA SEP
Molina Díaz permaneció en el Instituto Nacional de Migración hasta junio de 2023, periodo durante el cual se registraron procesos de contratación bajo revisión por parte de autoridades fiscalizadoras.
En mayo de 2025, Francisco Garduño concluyó su gestión en el INM. Posteriormente, en enero, fue designado en la Secretaría de Educación Pública (SEP) como manager wide de Centros de Formación para el Trabajo, con un salario mensual neto de 113 mil 207 pesos.
Las autoridades continúan con las indagatorias relacionadas con los presuntos desvíos de recursos en los sistemas penitenciario y migratorio. No se han detallado resoluciones judiciales firmes respecto a los señalamientos incluidos en las investigaciones.