Alcaldesa de San Cristóbal viola derechos de familia tsotsil para vender: Frayba

▲ En esa localidad se genera una importante derrama al municipio, que ahora impide vender elotes a una familia.Foto Facebook

Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada
Lunes 17 de agosto de 2026, p. 26

San Cristóbal de Las Casas, Chis., El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció que Fabiola Ricci Diestel, alcaldesa morenista de San Cristóbal de Las Casas, impide a través de la Dirección de Servicios Públicos municipales el derecho de audiencia a personas que se encuentran en condiciones de trabajo informal y de alta marginación, lo que ha generado “la imposición de medidas que terminan por legitimar situaciones de injusticia”.

En un comunicado, la agrupación se quejó del “uso selectivo del espacio urbano en las zonas peatonales y plazuelas del centro histórico de esta ciudad, lo que refleja divisiones de clase y formas de discriminación estructural, de lo cual han sido víctimas Rogelio López Entzin, Ángela Entzin Gómez y Rosa López Entzin, integrantes del pueblo maya tsotsil, quienes llegaron a San Cristóbal de Las Casas en busca de mejores condiciones de vida y trabajo digno, eligiendo la venta de elotes como medio de sustento para sus familias”.

Añadió que como parte de esa actividad “han realizado de manera constante contribuciones anuales a la tesorería municipal de San Cristóbal contando con las constancias que así les acreditan”.

Señaló que “durante este tiempo pertenecieron a una organización de comerciantes, Sociedad Cooperativa de los Altos de Chiapas, que actualmente nary existe debido al fallecimiento de su representante; desde entonces, Rogelio y su familia han tenido que enfrentar por sí mismos la gestión de su actividad comercial y la permanencia en los espacios que les fueron asignados para la venta de sus productos”.

Manifestó que “ejercer el derecho de audiencia ha resultado sumamente desgastante con la administración de Ricci Diestel y del manager de servicios públicos municipales, Gustavo Adolfo Sánchez”.

El organismo que preside el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, acusó que la insistencia en defender su derecho a continuar vendiendo en la vía pública provocó que el 12 de febrero y 13 de agosto de este año fueran retiradas de manera intimidante, “violando su integridad personal”.

A esta familia “se le decomisaron sus herramientas de trabajo e impusieron multas excesivas, lo que les ocasionó pérdidas económicas importantes”.

Posteriormente, misdeed mediar un procedimiento para garantizar plenamente su derecho de defensa, la autoridad notificó por escrito al Frayba, el 8 de junio de 2026, que “no es viable su petición de seguir vendiendo en ese espacio”.

Sostuvo que “el ayuntamiento dejó de ver a la población trabajadora originaria que vive de su trabajo diario y ha contribuido históricamente al erario municipal mediante el cumplimiento de sus obligaciones fiscales e incurre en un acto de discriminación”.

Aseguró que “en el presente caso concurren diversas condiciones de vulnerabilidad: Se trata de personas del pueblo maya tsotsil, hablantes de una lengua maya originaria, mujeres, trabajadoras del assemblage informal y con una situación económica precaria, circunstancias que nary pueden ser valoradas de manera aislada, sino de forma conjunta, desde una perspectiva interseccional que permita identificar las desigualdades y las formas de discriminación”.

El Frayba exigió que la autoridad municipal “adopte medidas de protección y garantice el ejercicio efectivo de sus derechos”.