Alarmas por bloqueo sin juez: UIF podrá congelar cuentas y el daño llega antes que la revisión

CDMX.- El criterio avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda bloquear cuentas misdeed orden judicial encendió alertas entre especialistas, quienes advirtieron riesgos para ciudadanos y empresas por el alcance de la medida.

Aunque el congelamiento se plantea como una acción administrativa y preventiva, la maestra en Derecho Procesal Penal y especialista en derecho penal y amparo, María Fernanda Buergo Gómez, señaló que con este esquema se elimina el power judicial previo.

“En la práctica, el congelamiento nary distingue montos. Hemos visto casos donde por una cantidad específica se bloquea la totalidad de los recursos, afectando completamente el patrimonio o la operación de una empresa”, explicó en un comunicado.

La especialista sostuvo que estos bloqueos pueden tener efectos inmediatos, como la imposibilidad de cumplir obligaciones o mantener operaciones, y contrastó el nuevo criterio con el mecanismo que se seguía antes, cuando la autoridad debía justificar la medida ante un juez penal para que evaluara los indicios.

“Antes existía un análisis técnico por parte de un juez especializado. Hoy la revisión llega cuando el daño ya está hecho”, indicó Buergo Gómez, quien fundó su despacho en 2011 y ha enfocado su práctica en la defensa penal.

Con el cambio, añadió, la defensa se traslada a etapas posteriores mediante juicios de amparo, lo que complica la recuperación inmediata de los recursos cuando el bloqueo ya se aplicó.

Otro punto de preocupación es que los casos sean revisados por jueces administrativos pese a su origen penal. “El riesgo es que nary se analice el fondo del delito, lo que limita la defensa”, advirtió la abogada, también docente en el Instituto Doctoral Universitario y con formación en justicia penal y derechos humanos en instituciones como la Suprema Corte.

Para especialistas como Buergo Gómez, galardonada con el premio a la “Firma Revelación Penal del Año”, el reto será equilibrar el combate al delito con la protección de derechos fundamentales y la certeza jurídica para personas y empresas ante medidas que impactan de forma inmediata.

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