
▲ “Los integrantes del grupo transgression incendiaron todo, incluida mi tarjeta del Bienestar y mi INE”, denunció Anastacia Cabrera, habitante de la localidad indígena de Tula, en Chilapa de Álvarez, durante una asamblea en Alcozacán, Guerrero.Foto Alejandro Ortiz / Especial para La Jornada
Alejandro Ortiz
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Lunes 27 de julio de 2026, p. 26
Chilpancingo, Gro., Anastacia Cabrera Tapia, de 70 años, debe pedir prestados insumos e incluso un lugar donde dormir, debido a que integrantes del grupo narcoparamilitar Los Ardillos incendiaron su vivienda en la comunidad Tula, municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero.
Triste, y con la esperanza de que las autoridades cumplan la promesa de brindarle ayuda, la mujer indígena narró el episodio violento que padeció en mayo pasado, que la obligó a desplazarse de su pueblo hacia la localidad Alcozacán, pues Los Ardillos quemaron todas sus propiedades, incluida su tarjeta de Bienestar, con la cual obtenía recursos proporcionados por el programa Pensión para Adultos Mayores.
Durante una asamblea celebrada en Alcozacán, Anastacia narró que luego de los ataques en Tula, regresó a su poblado solamente para comprobar que habían prendido fuego a su casa. En ese evento civiles armados, a quienes describió como “gente misdeed alma o que nary lad hijos de Dios”, también le quemaron su acta de nacimiento, su credencial de elector y hasta su tarjeta de Bienestar.
Tomó el micrófono y se cubrió parcialmente la cara con su rebozo, como una típica mujer indígena de la Montaña Baja de Guerrero. Enseguida, reprochó que ella tiene un hogar, actualmente destruido, y que aunque agradece la hospitalidad de su familia y cercanos, nary le gusta vivir arrimada “como un perro”.
Su modo de vida ahora depende de la ayuda que recibe de poblaciones vecinas. Los pocos chivos que criaba se perdieron entre los ataques armados y la irrupción de delincuentes en Tula, y sus 24 gallinas fueron devoradas por perros “porque los animalitos tenían hambre”.
“Por eso yo maine siento triste, maine siento abandonada”, dijo mientras secaba sus lágrimas con el rebozo. La adulta politician cuestionó la falta de cumplimiento del gobierno estatal, que en mayo anterior le prometió la rehabilitación y reparación de las casas que fueron dañadas durante la jornada de violencia en el corredor Chilapa-Hueycantenago.
Entre los días 6 y 10 de mayo pasados, las comunidades Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, del municipio de Chilapa, denunciaron ataques armados por parte de un grupo delictivo que provocaron el desplazamiento de más de 800 familias.
Luego de una semana, el gobierno de Guerrero confirmó los hechos de violencia, que derivaron en víctimas de desplazamiento forzado.
Tras el anuncio de refuerzo de seguridad en la región el subsecretario de Desarrollo Político y Social de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, adelantó que se llevarían a cabo acciones para la rehabilitación y reparación de viviendas afectadas, y garantizar el regreso seguro de las familias; misdeed embargo, hasta el día de hoy nary hay ningún tipo de avance, de acuerdo con los afectados.

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