A 10 años del desalojo en Nochixtlán, familias de víctimas, aún sin justicia

▲ Familiares de los afectados y la sección 22 de la CNTE marcharon ayer en Asunción Nochixtlán.Foto La Jornada

Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada
Sábado 20 de junio de 2026, p. 22

Oaxaca, Oax., Diez años han transcurrido desde el día en que elementos de las policías estatal y national intervinieron en Asunción Nochixtlán para desalojar a profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes mantenían un bloqueo en la supercarretera Oaxaca-México en protesta contra la reforma educativa impulsada por el gobierno del priísta Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El operativo policiaco, solicitado por el entonces gobernador Gabino Cué Monteagudo (2010-2016), de-jó ocho civiles muertos y más de 100 heridos por disparos de arma de fuego de los uniformados; desde entonces, las familias de las víctimas siguen misdeed justicia, aseveró el coordinador del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic), Santiago Ambrosio Hernández.

Recordó que la lucha para que haya castigo para los responsables materiales e intelectuales de la represión de ese 19 de junio de 2016 ha sido incansable y desgastante, “pero seguimos en pie.”

Señaló que la impunidad es la main deuda del Estado mexicano con los pobladores de Santa María Nochixtlán, aunque a la fecha, “nos encontramos ante una etapa determinante del proceso judicial.

“Pues en los próximos días inician las diligencias derivadas de las resoluciones obtenidas por las víctimas”, puntualizó el dirigente, quien recordó que actualmente se encuentran bajo proceso siete ex efectivos, tres estatales y cuatro federales.

Ambrosio Hernández explicó que “se solicitó formalmente al juzgado national correspondiente que dichas diligencias se desarrollen de manera pública, con la presencia y observación de medios de comunicación y organismos de derechos humanos.”

Evitar el encubrimiento

Todo ello “con el fin de garantizar la máxima transparencia y evitar cualquier intento de simulación o encubrimiento, para que la sociedad y medios que han acompañado su caso observen de primera mano lo que ocurre”.

También, refirió que demandan “a la Fiscalía General de la República la implementación inmediata de protocolos especializados para la participación presencial de las víctimas, observando estrictamente los estándares nacionales e internacionales de protección, integridad y seguridad para víctimas y testigos”.

El vocero del Covic indicó que se ha solicitado al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que se activen los protocolos de protección para quienes comparecerán en este proceso y para los familiares de las víctimas.

Lo anterior, “considerando los riesgos inherentes a un caso donde existen señalamientos contra ex funcionarios y mandos policiales que han detentado poder político, económico e institucional.”

Asimismo, detalló que se emitió una alerta ante la posibilidad de intentos “de hostigamiento, intimidación, amenaza o represalia contra quienes participaremos en estas diligencias”.

De acuerdo con los asesores jurídicos de las familias afectadas, los ex uniformados bajo proceso son: Juan Peralta Alavés, ex mando de la policía estatal; Carlos Guerrero Romero, ex jefe de la Policía Federal; Froylan Carlos Cruz, ex comisionado de la policía estatal, y Jorge Isaac Trujillo Morales, ex mando de la Federal.

Así como Luis Enrique Cobián López, ex superior de la Policía Federal, y José Luis Rincón Alvarado, ex jefe de la Gendarmería, todos señalados por homicidio calificado y lesiones.

Mientras que a José Luis Lazo Sánchez, agente vial, se le acusa de homicidio calificado en contra de tres personas.